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La incógnita de las criptomonedas

Para comenzar a hablar sobre este tema, debemos partir del concepto de tecnología blockchain, la cual ha emergido de manera exponencial en los últimos años y que tiene origen en los noventa, cuando un grupo de personas con el inicio del auge de Internet y apoyándose en la criptografía, se propusieron crear un nuevo sistema financiero abierto, sin autoridades, ni instituciones de control y que fuese cien por cien transparente en cuanto al flujo de las transacciones.

Con todo esto, en 2008 se creó el bitcoin, que se considera la primera criptomoneda, a partir de ahí se fueron creando nuevas criptomonedas conocidos como altcoins.

Para entrar más de lleno en este tema, me dispongo a enunciar la definición de criptomoneda establecida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que contiene la Directiva de la Unión Europea 2018/843 y que en España se ha adoptado mediante en Real Decreto-Ley 7/2021 relativos a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo que dice lo siguiente: “como una representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda de curso legal, que no tiene la consideración de moneda o divisa, pero es aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de pago y que puede transferirse, almacenarse o negociarse por medios electrónicos”.

Una vez sentadas las bases del origen y de la definición de las criptomonedas, comencemos a desgranar las regulaciones actuales y futuras sobre este asunto.

Actualmente en España, no existe una ley sobre las criptomonedas, sin embargo, esto no significa que no se pueda comprar u operar con ellas en el entorno digital, por lo que se pueden comprar y vender tanto a cambio de otras criptomonedas como cambiarlas por dinero real, de hecho, las criptomonedas en España están reguladas en el Real Decreto- Ley 7/2021, de 27 de Abril de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores, que se encarga de ajustar las obligaciones de quienes presten servicios relacionados con las criptomonedas.

Este Decreto afecta sobre todo a: Las empresas que se dediquen al servicio de cambio entre moneda virtual y moneda fiduciaria, es decir, monedas de curso legal, empresas que se dediquen al cambio entre diferentes monedas virtuales y empresas que ofrecen el servicio de monedero de criptomonedas (wallet), es decir, se encargan de la custodia de claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes para la tenencia, el almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales.

Entre las obligaciones que se desprenden del Real Decreto y de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo están la de disponer de mecanismos o procedimientos que faciliten la documentación identificativa (DNI, pasaporte…) de sus clientes, además de solicitar una justificación del origen de los fondos con los que se disponen a operar con las criptomonedas, de esta manera se tiene un control mayor sobre el dinero que se emplea en este tipo de operaciones y así, evitar el lavado de dinero que proviene de actividades ilícitas.

También se creará un Registro de operadores de criptomonedas en el Banco de España, en el que será obligatoria la inscripción de todas las empresas o personas físicas que operen u ofrezcan servicios con criptomonedas dentro de España. Entre las obligaciones para poder inscribirse en este Registro están: No tener antecedentes penales o administrativos en materia de delitos patrimoniales o blanqueo de capitales o acreditar el cumplimiento de los requisitos de honorabilidad comercial y profesional de la Ley de Ordenación de las Entidades de Crédito.

Todo este intento de regulación sólo busca conseguir una mayor protección y una seguridad jurídica de cara a posibles estafas a aquellas personas que operen con criptomonedas en España. Si se plantea adquirir este tipo de moneda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

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