¿Qué responsabilidad tiene un administrador de una sociedad de capital por deudas sociales?

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¿Qué responsabilidad tiene un administrador de una sociedad de capital por deudas sociales?

Introducción

La piedra angular del tema que nos ocupa pivota en torno a la falsa creencia generalizada de que cuando una empresa ha sido constituida como persona jurídica, a través de la forma de sociedad de capital, existe una absoluta separación de patrimonios del socio/administrador con la propia sociedad, es decir, que la empresa es únicamente responsable frente a cualquier acreedor con los bienes de esta -la sociedad-.

Este planteamiento absoluto, asumido por deudor y acreedor en el devenir del tráfico mercantil, no es cierto, es más, ahora que finaliza el año donde se produce el cierre contable con la confección de cuentas y las especiales circunstancias económicas provocadas por la Pandemia es el momento de que el Administrador esté especialmente vigilante para la adoptación de aquellas decisiones que le obliga la ley.

Como si fuera el reverso de una moneda también deberán estar atentos los Acreedores ya que el no atender por el Administrador las obligaciones legalmente establecidas les hace que les nazca una oportunidad de cobro.

Potencialmente existen tres acciones de índole judicial que se pueden dirigir frente al Administrador por ser considerado responsable por deudas societarias las cuáles resultan a modo de guión las siguientes:

.- Acción social -Artículo 238 a 240 LSC (Ley de Sociedades de Capital)-. Dirigida a reconstruir el patrimonio de la sociedad encontrándose legitimada la propia sociedad, y en su defecto, una minoría cualificada de socios o acreedores.

.- Acción individual -Artículo 241 de la LSC-. Dirigida a proteger a socios y terceros frente a la actuación de los administradores directamente lesiva de sus intereses.

 .- Acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales -Artículo 367 de la LSC-. Protege a los acreedores, imponiendo a los administradores la obligación de responder de ciertos créditos cuando incumplan los deberes disolutorios (Ejemplo: Existen perdidas cualificadas, es decir, el Patrimonio Neto está por debajo del 50% del capital social).

     Dependiendo de lo que interese y quién lo interese será ejercitable un tipo de acción u otro. En el espacio de hoy analizaremos esta última ya que por el momento del año en el que nos encontramos resulta especialmente interesante su análisis.

Diferencias esenciales

  • Por su naturaleza, requisitos y ámbito.-

La acción social e individual constituyen un supuesto de responsabilidad subjetiva o por culpa. Ello implica que se deba acreditar:

.- Acción u omisión antijurídica y culpable realizada por los Administradores como tales.

.- Relación de causalidad.

.- Daño.

Su ámbito castiga la infracción de cualquier deber.

La acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales tiene carácter objetivo. Ello implica que se deba acreditar:

.- La conducta sólo puede ser omisiva (no convocar junta si hay causa de disolución).

.- No requiere relación de causalidad.

.- No cubre “daños” sino “deudas”.

 Su ámbito castiga el deber disolutorio.

Acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales

Supuestos/Presupuestos:

1º.- Existencia de alguna de las causas de disolución de la sociedad.

2º.- Omisión por los administradores de la convocatoria de Junta de Socios.

3º.- Transcurso de dos meses desde que concurre la causa de disolución sin que haya tenido lugar dicha convocatoria.

4º.- Imputabilidad al administrador de la conducta pasiva.

5º.- Existencia de crédito contra la sociedad.

(Ejemplo: No hace falta acreditar ni culpa ni relación de causalidad entre la falta de convocatoria de la Junta por el Administrador y el impago de la deuda).

A diferencia de la acción individual, cuando el daño se ha concretado en una deuda, la cual no distingue entre deudas anteriores o posteriores, en cambio, la acción solidaria restringe la reclamación a las nacidas con posterioridad al acaecimiento de la causa de disolución.

 ¿Desde cuándo computa el plazo de 2 meses?

Atendiendo al criterio establecido por nuestro Tribunal Supremo desde que los Administradores tuvieron o debieron tener conocimiento de su incumplimiento, de haber obrado con la diligencia normal a su cargo, de la situación patrimonial de la sociedad a través de un balance de comprobación como un estado de situación.

Lo usual es hacer el cómputo desde el 31 de marzo del ejercicio correspondiente, pues es la fecha límite para la confección de las cuantas por los administradores.

A pesar de lo imperativo que podría parecer lo anteriormente expuesto motivando la adoptación de medidas societarias, a consecuencia de las especiales circunstancias que vivimos el Legislador dictó el Artículo 13 de la Ley 3/2020 que deja en SUSPENSO la aplicación del Artículo 363.1 e) hasta el 31/12/2022 el cual dispone que“(…) 1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021. Si en el resultado del ejercicio 2022 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente (…)”, es decir, cuando esas PÉRDIDAS CUALIFICADAS continúen a la citada fecha será el momento de adoptar medidas por lo que la Sociedad actualmente no debe adoptar ningún tipo de medida al respecto ya que no se incurre en responsabilidad alguna por los Administradores.

¿Cuál es el plazo de prescripción?

Es el plazo de 4 años establecido por el Artículo 949 del Código de Comercio.

Conclusión

     1º.- Si una empresa contrata con otra encontrándose en causa de disolución nace la responsabilidad objetiva del Administrador por desobedecer las obligaciones legalmente establecidas.

      2º.- Especialidad Actual. Aunque la Sociedad actualmente estuviera en situación de Pérdidas Cualificadas no existe obligación de adoptar ningún tipo de medida ya que el Artículo 363.1 e) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se encuentra en SUSPENSO al hilo del artículo 13 de la Ley 3/2020 de 18 de Septiembre.

     Si tiene cualquier duda sobre lo expuesto en Víctor López Rodríguez Abogados de podemos ayudar.

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