Resulta imposible negar que la imparable implantación de los sistemas informáticos ha supuesto una verdadera revolución en nuestras vidas. No hay una sola faceta en nuestra vida diaria en la que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación no tengan un papel destacado. Ello es así porque trabajamos con ordenadores, nos comunicamos por correo electrónico, hacemos videollamadas, controlamos nuestros saldos bancarios a través de aplicaciones instaladas en nuestros teléfonos móviles, compramos y vendemos toda clase de bienes y servicios a través de un clic, accedemos a todo tipo de entretenimiento utilizando plataformas digitales e incluso establecemos y mantenemos muchas de nuestras relaciones personales gracias al uso de redes sociales.
Ahora bien, aunque las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías son infinitas, también conllevan un reverso negativo, dado que su utilización abre la puerta a que puedan ser utilizadas para cometer toda clase de abusos. Por lo tanto, podemos hablar de la aparición en las últimas décadas del concepto de “cibercriminalidad informática” o “cibercriminalidad” y de “delitos informáticos” o “ciberdelitos”.
Se entiende por ciberdelitos aquellas conductas desviadas que se realizan mediante el uso de ordenadores o en entornos digitales y no físicos, y que se considera que deberían ser objeto de atención por parte del ordenamiento jurídico penal aunque todavía no lo sean. Ahora bien, como ya hemos mencionado anteriormente, las TIC en general han supuesto la creación de un lugar de comunicación social transnacional, universal y en permanente evolución tecnológica, que ha sido denominado ciberespacio, esto es el lugar en el que se desarrollan los ciberdelitos.
Uno de los mitos más extendidos acerca de los ciberdelitos es que para cometerlos se ha de tener unos conocimientos informáticos especiales, si bien la mayor parte de los delitos cometidos en este ámbito no los realizan expertos informáticos, sino sujetos que tienen unos conocimientos bastante básicos y que se aprovechan del acceso a Internet para llevar a cabo actividades ilícitas. Otro mito bastante extendido es aquel que afirma que este tipo de delitos suele quedar impune, dado que es muy difícil o casi imposible demostrar su realización, afirmando que existe un anonimato en Internet que hace imposible determinar su autoría. No obstante, hay que señalar que, si bien la prueba y persecución de los delitos informáticos exigen en muchas ocasiones unos conocimientos técnicos especializados, ello ha dado lugar a la creación de grupos especialmente formados en esta materia en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De hecho, la mayor parte de las conductas delictivas realizadas mediante sistemas informáticos dejan unos rastros que son rápidamente detectados por los especialistas, lo que aporta pruebas incriminatorias muy efectivas a la hora de perseguir y sancionar a quien los realiza.
Aun así, pese a que los delitos informáticos pueden ser investigados y sancionados in que reine una total impunidad, es cierto que existe una enorme cifra oscura de delitos que no llegan a ser perseguidos ni sancionados, si bien en muchos casos ello se debe a la falta de interés y colaboración por parte de las víctimas en hacerlo.
En cuanto a las características de los ciberdelitos, resulta innegable que si algo caracteriza al mundo digital o ciberespacio en el que se cometen este tipo de delitos, es el hecho de que el mismo no se rige por las barreras espacio temporales del mundo físico. De hecho, resulta perfectamente posible que la actuación delictiva realizada por un sujeto en un país mediante el uso de un ordenador, por ejemplo la creación de un virus, ocasione efectos postergados en el tiempo en otro país. Por lo tanto, otra característica de los ciberdelitos es que tienen carácter transnacional, lo cual representa un reto insalvable para los derechos penales nacionales que solo puede afrontarse mediante el establecimiento de una fuerte cooperación entre los diferentes ordenamientos jurídicos, evitando así que la ausencia de tipificación penal convierta a un país en un objetivo para la ciberdelincuencia en el cual dichas conductas queden impunes. En este sentido, muchos han sido los esfuerzos normativos realizados, entre los que destacamos el Convenio del Consejo de Europa sobre ciberdelincuencia, firmado en Budapest el 23 de noviembre de 2001.
En definitiva, es necesario hacer ver a la sociedad que los ciberdelitos no solo incumben a las grandes organizaciones, sino que cualquier persona puede ser víctima de un cibercrimen.
Si ha sido víctima de un ciberdelito, no dude en contactar con nosotros para informarse acerca de la mejor defensa de sus derechos. Desde Victor López Abogados le ofreceremos el mejor asesoramiento posible.
