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¿Cree que su empresa es segura para sus trabajadores…y para su bolsillo? Tal vez no lo sea…

La siniestralidad laboral ha aumentado en los últimos años en nuestro país, la rápida detección de cuáles son los factores de riesgo y su subsanación por parte de los empresarios hará de sus negocios lugares seguros para sus trabajadores y clientes, y sin lugar a dudas les ahorrarán multitud de dinero y disgustos.

Lo primero que debe tener en cuenta el empresario es si su negocio cumple con las dos vertientes de seguridad, la activa y la pasiva:

  • La PASIVA comprenderá los elementos de seguridad de la maquinaria utilizada en su negocio y los equipos de protección individual, los archiconocidos EPIS
  • Mientras que la ACTIVA, comprenderá la organización y técnicas del trabajo seguro y el propio mantenimiento de los equipos.

Ello sin olvidar, la formación en materia de prevención y el nivel de experiencia profesional de los trabajadores, que debe tener un carácter continuado.

Es cierta la creencia de que en temas de seguridad, según nuestra experiencia, los empresarios en multitud de ocasiones piensan que la simple entrega de un equipo de protección individual a un trabajador o la realización de un curso de apenas unas horas es suficiente para cubrir el expediente en materia de prevención, pero esto no es así, si existe una maquinaria determinada que utilizan los trabajadores, por muy sencilla que sea, ésta debe cumplir con las normas de seguridad pertinentes y debe mantenerse en perfecto estado, de manera que no provoque lesiones a aquellos que las utilizan, y ese control y vigilancia es una obligación de la Empresa.

La Directiva 73 de la Unión Europea define el riesgo profesional como “cualquier situación relacionada con el trabajo que pueda perjudicar física o psicológicamente a la seguridad y/o salud del trabajador”.

Para minimizar esos riesgos es primordial realizar una evaluación de los mismos, la evaluación de riesgos es un proceso básico para una gestión activa de la seguridad y salud en el trabajo. El procedimiento de evaluación es necesario para planificar la acción preventiva y para elegir los equipos de trabajo, las técnicas y los sistemas de organización del trabajo.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, que regula la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece la Evaluación de Riesgos Laborales como el instrumento o “proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, lo que proporcionará la información necesaria para que el empresario tome las medidas más adecuadas sobre la planificación de la prevención en la empresa”.

Estamos tratando en estas líneas de una cuestión que no debe caer en saco roto, ya que según el último estudio elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo la incidencia de los Accidentes de Trabajo que suponen una baja laboral en el periodo comprendido entre octubre 2016 y septiembre de 2017 arroja unos datos preocupantes en Castilla y León, puesto que respecto a los datos del año anterior, los accidentes de trabajo han aumentado en un 2,5%.

Debe ser consciente tanto el trabajador como la Empresa de que erradicar la siniestralidad laboral es un trabajo conjunto y que la seguridad debe primar en el desarrollo de cualquier actividad, sin anteponer la productividad al trabajo hecho de manera segura.

Si hablamos de lo que cuesta la seguridad en el trabajo, tal vez, de pronto, únicamente pensemos solamente en lo que cuesta realizar un Plan de Prevención, su desarrollo en la Empresa, la adaptación a las nuevas normativas en seguridad o el personal técnico que supervisa dichos planes. Sin embargo, existen unos costes que podríamos llamar “invisibles”, los cuáles deben ser evitados mediante el cumplimiento de los elementos de seguridad activa y pasiva, que van más allá de lo que estamos obligados a asumir y que, no siempre son tenidos en cuenta, pensemos en:

  • Costes salariales: lo que el empresario paga pero no se trabaja, tanto por trabajadores afectados directamente como por el resto de compañeros que pueden verse afectados hasta que se esclarece el accidente, por ejemplo.
  • Costes derivados de la contratación de un sustituto: no sólo salariales, sino también seleccionar y dar de alta, formarle, el tiempo que tarda en ser igualmente productivo, etc.
  • Costes por pérdidas o daños de materiales, equipos, etc. Los equipos dañados, o precintados por investigación, o la elevación de primas de seguros de los equipos, etc.
  • Pérdidas de ventas o clientes, daños a la imagen de la empresa: Los accidentes dañan las funciones más básicas de las empresas por no poder atender a tiempo los pedidos o dar atención a clientes.
  • Complementos por incapacidad temporal: En muchos convenios colectivos se especifica que en caso de accidente, el empresario asumirá, de su cargo, el complemento para que los trabajadores afectados cobren el 100% de lo percibido en el mes anterior a la baja
  • Recargos en prestaciones por omisión de medidas de seguridad: La LGSS (art 164) Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.
  • La responsabilidad del pago del recargo recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla.
  • Sanciones administrativas: Las sanciones previstas por infracciones muy graves pueden llegar hasta los 187.515 euros., según la LPRL. Estas se pueden aplicar por incumplimiento de medidas, aun cuando todavía no se haya producido un accidente, e incluso, puede suponer la paralización de la actividad.
  • Costes debidos a demandas por responsabilidad civil: el trabajador, su familia o el sindicato pueden reclamar por la vía civil. Esto generaría, además de la posible sanción civil, costes de defensa jurídica, honorarios por peritajes, tiempo para acudir a testificar, etc.
  • Costes por responsabilidad penal: El Código Penal (LO 10/95) prevé un delito de peligro por infracción de normas de prevención de riesgos laborales (arts. 316, 317) o lesiones por imprudencia grave o profesional (art. 152). Esto generaría, además de la posible sanción penal, costes de defensa jurídica, honorarios de peritos, etc.

Y ahora piense, ¿es su empresa un lugar seguro para sus trabajadores y… para su cuenta de pérdidas y ganancias? ¿cumple con los elementos de seguridad activa y pasiva? Consúltenos.

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