Dejar de pagar a Hacienda o Seguridad Social te puede salir muy caro…

Los privilegios de estos organismos públicos obligan a la empresa a extremar sus cautelas.

Cuando una empresa comienza a obtener malos resultados y aparecen las primeras dificultades para poder atender pagos los administradores deben ser especialmente cautelosos con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. No digamos cuando la empresa entra en situación de insolvencia (entendida como imposibilidad de cumplir de forma generalizada sus obligaciones de pago)…

Y decimos que hay que prestar especial cuidado con las deudas contraídas con Hacienda y Seguridad Social porque, de suceder así, nos encontraremos con un poderoso enemigo al que será difícil sortear ya que la Ley le concede importantes privilegios.

El concurso de acreedores como medida de protección para el administrador:

Una empresa en situación de insolvencia está obligada acudir al Juzgado de lo Mercantil de su domicilio social y solicitar su concurso en un plazo de dos meses desde que concurra dicha insolvencia. Sin embargo, la realidad empresarial demuestra que este exigente plazo difícilmente se cumple en la mayoría de ocasiones ya que el empresario siempre se resiste e intenta agotar todas las posibilidades que tenga para reconducir la situación.

En definitiva, la mayor parte de los concursos se presentan de forma tardía con respecto al plazo que fija la Ley. Los Tribunales se han encargado de suavizar este rigor y adecuarlo a la realidad de nuestro tiempo de tal forma que solo en aquellos casos en que este retraso cause o agrave la situación de insolvencia los administradores podrán verse afectados.

Dicho de otra forma, si una empresa solicita su concurso tiempo después de transcurrido este plazo de dos meses y dicho retraso está justificado y no ha perjudicado a sus acreedores, no tendrá ninguna responsabilidad personal en el concurso.

Los temidos expedientes de derivación de deudas a los administradores:

Sin embargo, lo anterior no impide que de forma paralela al concurso, tanto la Agencia Tributaria como la Tesorería General de la Seguridad Socia inicien sus expedientes administrativos de derivación de deudas a los administradores.

En la mayoría de ocasiones estos expedientes se basan en el incumplimiento del citado plazo de dos meses para presentar concurso y en la existencia durante los tres meses anteriores de pagos de cuotas a la Seguridad Social o del pago de obligaciones tributarias exigiles o en la existencia de causa de disolución por pérdidas.

Es decir, automáticamente derivan la responsabilidad de las deudas sociales a los administradores que se ven obligados a luchar primero en vía administrativa y luego en vía judicial contra estas pretensiones.

Por injusto que parezca, la legislación les protege de tal forma que el concurso, que sí suspende las reclamaciones judiciales del resto de acreedores ordinarios, no afecta a estos expedientes.

Por este motivo, por las repercusiones que puede tener para los patrimonios personales de los administradores, la empresa debe vigilar especialmente sus obligaciones de pago fiscales y de cuotas a Seguridad Social.