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Contrato de coberturas y permutas financieras (Swaps): todavía estás a tiempo de recuperar tu dinero

Si no han transcurrido 4 años desde el vencimiento del contrato, aún estás en plazo para reclamar judicialmente las cantidades pagadas por estos productos.

Estos productos financieros fueron comercializados masivamente por las entidades bancarias a partir del año 2007, ofreciéndose a las empresas habitualmente como condiciones necesarias para la concesión de préstamos o renovación de pólizas.

Lo que se presentaba como una cobertura o seguro para paliar los efectos de las subidas de los tipos de interés, en realidad se trataba de un producto complejo especulativo y de riesgo que se convirtió, años después, con la caída de los tipos de interés, en un producto totalmente ruinoso para las empresas que se vieron obligadas a pagar importantes cantidades de dinero.

En los últimos años los Tribunales masivamente han anulado estos contratos bancarios, por falta de información a las empresas, pues en su momento no se informó debidamente de los riesgos que podría contraer la operación. Estas sentencias declaran la nulidad y condenan a las entidades bancarias a devolver todas las cantidades pagadas por los clientes con sus correspondientes intereses.

Aunque la mayoría de estos productos fueron contratados en los años 2007 y 2008 su vencimiento se cumplía habitualmente en un plazo de 5 años. Los Tribunales han determinado que el plazo para poder reclamar judicialmente es de 4 años que se computa, no desde la fecha de la contratación, sino desde su vencimiento.

Es decir, si por ejemplo, un swaps fue contratado en diciembre de 2007 con una duración de 5 años y por tanto con un vencimiento a diciembre de 2012, el plazo de cuatro años para ejercitar acciones judiciales contaría a partir de esta fecha y en consecuencia vencería en diciembre de 2016.

Aconsejamos a aquellas empresas que contrataron este tipo de productos revisen los contratos y comprueben la fecha de su vencimiento por si todavía se estuviera en plazo para presentar la demanda judicial, ya que las posibilidades de éxito, teniendo en cuenta las numerosas sentencias que se han dictado en la materia, son muy elevadas.